DE LAS PROMOESAS AL PROGRESO: CÓMO LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL PUEDE LIDERAR LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

En el contexto actual de la cooperación para el desarrollo, la reforma de las finanzas públicas suele analizarse desde la óptica del cumplimiento fiscal. Esta tendencia se hace cada vez más evidente a medida que el paradigma se desplaza de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hacia la Financiación para el Desarrollo, y la credibilidad presupuestaria vuelve a ocupar un lugar central en los debates sobre desarrollo.

En este contexto, y tras el llamado a la acción de la CSW70 sobre la violencia basada en género, resulta urgente avanzar de las promesas en papel a su materialización presupuestaria….

La violencia basada en género (VBG) emergió en la CSW70 como una barrera central para el acceso de las mujeres a la justicia, instándose a los gobiernos a eliminar leyes discriminatorias, ampliar sistemas de justicia centrados en las sobrevivientes y abordar tanto las formas tradicionales como emergentes de violencia —incluyendo el feminicidio, la violencia sexual en contextos de conflicto, la trata de personas, las prácticas nocivas, el abuso económico y la amenaza creciente de la violencia facilitada por la tecnología—. Voces destacadas subrayaron que la discriminación estructural, las dinámicas de conflicto y las plataformas digitales alimentan conjuntamente la impunidad. Amina Mohammed advirtió que «la militarización y los conflictos están impulsando un aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas», mientras que el Consejo de Europa señaló que el abuso en línea está «aumentando en escala y gravedad» y sigue siendo «en gran medida no denunciado y poco perseguido judicialmente». El llamado a instituciones más fuertes y mejor financiadas ocupó un lugar central; como afirmó Jan Beagle: «Poner fin a la violencia basada en género, incluida la ciberviolencia, es fundamental para que las mujeres y las niñas puedan vivir libres de miedo», subrayando la necesidad de una acción coordinada, multisectorial, incluyendo la rendición de cuentas centrada en las sobrevivientes y sistemas de justicia que den respuestas efectivas a todas las mujeres y las niñas.

Los indicadores globales de violenia basada en género (VBG) siguen siendo alarmantemente altos, con 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo experimentando violencia física y/o sexual, y un 35 % afectado por violencia ejrcida por la pareja o por personas que no son la pareja. La exposición a lo largo de la vida afecta a 840 millones de mujeres, mientras que 640 millones han experimentado violencia de pareja íntima (VPI). La prevalencia anual de la VPI alcanza a 316 millones de mujeres, y 263 millones han sufrido violencia sexual por parte de no parejas.La violencia letal sigue siendo grave, con 85.000 feminicidios en 2023, el 60% cometidos por parejas íntimas o familiares. El costo económico de la VBG —estimado en 1,5 billones de dólares estadounidenses (alrededor del 2% del PIB mundial)— pone de relieve su impacto sistémico. África refleja o incluso supera estos niveles globales: el 28,85% de las mujeres del África Subsahariana experimenta VPI anualmente, y en varios contextos afectados por conflictos o por el cambio climático, más de la mitad de las mujeres enfrentan VPI en un solo año. Los promedios regionales se mantienen altos en violencia física (30,58%), emocional (30,22%) y sexual (12,6%).

En este contexto continental, los países PALOP‑TL presentan un espectro amplio pero preocupante de prevalencia de la VBG, en varios casos alineándose con o superando los patrones africanos generales. Timor‑Leste se destaca con un 34,6% de VPI a lo largo de la vida y un 59% de violencia de pareja, muy por encima de la media afircana de 28,85%, y reportando más de 7.000 casos de VBG registrados en el sistema de justicia, una escala comparable a los focos africanos de alta prevalencia.Santo Tomé y Príncipe (VPI 26,3–27,9%) se alinea estrechamente con el promedio del África Subsahariana, mientras que Angola muestra aproximadamente un 25% de violencia física a lo largo de la vida y alrededor de un 25% de VPI, ligeramente por debajo del promedio regional, pero aún elevado. Mozambique, con un 16,4% de VPI, pero 13.626 casos de VBG registrados en un solo año, refleja cargas administrativas significativas a pesar de una menor prevalencia en encuestas. Cabo Verde, con un 7,8–10,9% de VPI, se sitúa notablemente por debajo de los promedios tanto de PALOP‑TL como africanos. En contraste, Guinea‑Bissau carece de datos sobre VPI, pero muestra niveles extremos de prácticas nocivas, con un 45% de mutilación genital femenina y un 25,7% de matrimonio infantil, lo que señala vulnerabilidades estructurales de VBG no captadas en las encuestas de VPI.

En conjunto, los datos de los países PALOP‑TL revelan una prevalencia de VPI superior al promedio en Timor‑Leste, niveles intermedios en Angola y Santo Tomé y Príncipe, importantes vacíos de datos en Guinea‑Bissau, altos volúmenes de casos en Mozambique y una prevalencia comparativamente menor en Cabo Verde, lo que ilustra la diversidad y desigualdad en la exposición a la VBG en la región en relación con las tendencias continentales.

Para contribuir a abordar estos desafíos, el programa multinacional del PNUD para fortalecer la Gestión de las Finanzas Públicas en los Países PALOP‑TL (Programa Pro PALOP‑TL PFM) se asoció en diciembre de 2024 con la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de habla portuguesa (OISC | CPLP), con el fin de apoyar a las EFS de Angola, Cabo Verde, Guinea‑Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor‑Leste en la planificación y ejecución de una auditoría de desempeño coordinada sobre violencia basada en género que abarca a los seis países (ACVBG). A medida que emergen los resultados de esta auditoría coordinada sobre VBG, llevada a cabo por estas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), se desarrolla una historia que merece ser contada. Es una narrativa en la que la precisión técnica de la auditoría se encuentra con la necesidad urgente de proteger a las personas más vulnerables, con el objetivo de generar cambios en los resultados de gobernanza. El taller de consolidación de la auditoría, realizado en febrero de 2026 en Santo Tomé, demostró que estas EFS no se limitan a cumplir formalidades al auditar la lucha contra la violencia basada en género; están reconfigurando la maquinaria del Estado en favor de la justicia.

La transición desde la recolección de datos en el terreno hacia el marco analítico durante el taller de Santo Tomé proporcionó una perspectiva clara y basada en evidencia sobre el estado de la gobernanza de la VBG en la región PALOP‑TL. Los datos recopilados por los equipos de auditoría revelan una importante desconexión entre el diseño de políticas de alto nivel y el aparato administrativo necesario para su ejecución. Si bien los seis países analizados han demostrado una voluntad política destacable mediante la adopción de legislaciones y planes nacionales formales, la auditoría pone de relieve un desafío persistente para trasladar estos marcos desde el plano de la intención aspiracional hacia la implementación operativa.

A partir de los datos recopilados por los equipos de auditoría, el análisis identifica una brecha en la implementación donde la cadena institucional de derivación en casos de VBG —desde la respuesta inicial de la policía y los servicios de salud hasta la protección judicial— con frecuencia carece de los protocolos operativos necesarios y de recursos humanos especializados. En la práctica, esto significa que incluso cuando existen leyes sólidas, el acceso a la justicia y el recorrido de atención para una sobreviviente suelen enfrentar cuellos de botella estructurales. Como se destacó en las discusiones, no se trata simplemente de fallas de ejecución, sino de una necesidad fundamental de una mayor articulación institucional para garantizar que las políticas no solo existan formalmente, sino que sean efectivas en la práctica.

¡Las palabras no cambian las políticas, los presupuestos sí! 

Esta desconexión se manifiesta con mayor claridad en el ámbito del compromiso fiscal, caracterizado por lo que los equipos de auditoría definen como fragmentación presupuestaria. Un denominador común en los países PALOP‑TL es la dificultad para traducir las políticas con enfoque de género en partidas presupuestarias específicas y etiquetadas dentro de los presupuestos nacionales. En muchos casos, las iniciativas contra la VBG reciben asignaciones presupuestarias limitadas o permanecen como mandatos sin financiamiento, donde una asignación de recursos insuficiente y mal focalizada restringe la capacidad de los gobiernos para mantener servicios esenciales como refugios o asistencia legal o psicológica especializada.Desde una perspectiva de auditoría, la ausencia de un vínculo presupuestario claro con los objetivos de política sugiere que, aunque la protección de mujeres y niñas sea una prioridad declarada, la arquitectura financiera necesaria para sostener esa protección aún no ha sido plenamente integrada en el núcleo de la gestión de las finanzas públicas.

Además, la auditoría identificó una asimetría crítica de información derivada de sistemas frágiles de gestión de datos. En Angola, Cabo Verde, Timor‑Leste, Guinea‑Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, la falta de datos integrados y digitalizados impide una comprensión integral del impacto de las políticas. Actualmente, la información suele estar fragmentada o ser monitoreada de forma manual, lo que crea barreras para una supervisión efectiva y la prevención de la revictimización. Esta fragilidad de los datos dificulta que las personas responsables de la formulación de políticas ajusten sus intervenciones sobre la base de evidencia empírica. Al poner de relieve los desafíos estructurales derivados de la desconexión en la implementación, la fragmentación presupuestaria y el “silencio” de los datos, esta primera auditoría PALOP‑TL proporciona la evidencia técnica necesaria para avanzar en la discusión. Estas EFS no se limitan a documentar deficiencias; ofrecen una hoja de ruta para garantizar que la respuesta institucional de los gobiernos sea tan sólida como las promesas legales hechas a su ciudadanía en cada uno de los seis países.

El valor agregado de la alianza con el PNUD… 

Una conclusión clave del taller de Santo Tomé fue la sólida sinergia alcanzada entre la supervisión técnica de las EFS y el apoyo especializado del Programa Pro PALOP‑TL y del equipo global de género del PNUD. Esta alianza resultó fundamental cuando los equipos de auditoría se enfrentaron a un complejo cuello de botella relacionado con la adecuación de los marcos legales nacionales. Surgió una pregunta clave: ¿una ley de violencia doméstica cumple con las obligaciones internacionales en la lucha contra la VBG?

La evidencia técnica proporcionada por las y los expertos en igualdad de género y VBG del PNUD/Pro PALOP‑TL permitió a los equipos de auditoría ir más allá de una verificación de cumplimiento, avanzando hacia una evaluación más integral de la rendición de cuentas del Estado. En ese punto crítico de la auditoría, fue esencial comprender que, si bien las leyes de violencia doméstica son fundamentales, a menudo resultan insuficientes para abordar los aspectos sistémicos más amplios de la violencia basada en género. Su análisis demostró que depender exclusivamente de normativas centradas en el ámbito privado genera una brecha de gobernanza que puede dejar al Estado en situación de negligencia por omisión en los ámbitos público o comunitario.

Al integrar este conocimiento especializado, los equipos de auditoría pudieron perfeccionar sus criterios para abogar por una legislación integral sobre VBG. Este tipo de marco no es una mera preferencia semántica, sino una herramienta clave de gobernanza que armoniza definiciones entre los códigos penal, laboral y de familia. Establece controles universales, como órdenes de protección estandarizadas y protocolos centrados en las sobrevivientes, aplicables independientemente de si la violencia ocurre en el hogar, en el lugar de trabajo o en la comunidad.

Además, gracias a exitosa colaboración entre el Programa Pro PALOP‑TL PFM del PNUD y la EFS de Brasil (TCU), al menos cuatro de los seis equipos de auditoría están compuestos por mujeres auditoras que han participado en el programa de liderazgo ProInter del TCU sobre habilidades de liderazgo para mujeres en EFS. Esta iniciativa combina formación en liderazgo con herramientas habilitadoras del PNUD en materia de igualdad de género, como la presupuestación con enfoque de género, EQUANOMICS y el Sello de Igualdad de Género en las Instituciones Públicas.

Esta colaboración entre la experiencia de género del PNUD y el mandato de supervisión del sector público de las EFS representa una nueva frontera en la rendición de cuentas. Garantiza que la auditoría no se limite a contabilizar actividades, sino que evalúe si la arquitectura legal e institucional es lo suficientemente sólida como para cumplir con los estándares internacionales de debida diligencia. Al alinear los criterios de auditoría con estos estándares globales, la alianza asegura que las recomendaciones finales ofrezcan una hoja de ruta sofisticada y basada en evidencia para la reforma legal y estructural.

Visualizar el camino a seguir: Auditoría de desempeño coordinada Radar‑ACVBG 

Reconociendo que la complejidad técnica de los informes de auditoría puede, en ocasiones, dificultar su accesibilidad para personas no especialistas, el Programa Pro PALOP‑TL introdujo el Radar‑ACVBG como una herramienta transformadora de transparencia. Esta interfaz digital funciona como un puente estratégico entre el análisis riguroso de datos y la comunicación pública, permitiendo sintetizar hallazgos complejos en una visión general intuitiva y basada en evidencia del desempeño nacional, similar a un cuadro de mando integral.

El Radar evalúa nueve componentes centrales agrupados en tres pilares fundamentales de la gobernanza: 

– Eficacia de las políticas: análisis del alcance del marco legal y la calidad de la articulación interinstitucional. 

– Recursos y capacidades: evaluación de la adecuación de las asignaciones fiscales y la eficiencia en la ejecución presupuestaria. 

– Monitoreo y transparencia: evaluación de la calidad de la gestión de datos y la accesibilidad de la información al público. 

La introducción del Radar reconoce una realidad fundamental: en muchas jurisdicciones, la información sobre la violencia basada en género ha estado históricamente caracterizada por la fragmentación. Al presentar los datos mediante una herramienta visual, se facilita la identificación tanto de áreas de fortaleza como debilidades estructurales en la respuesta gubernamental. Por ejemplo, un país puede mostrar un alto desempeño en el diseño de políticas, pero una fuerte contracción en la ejecución presupuestaria, señalando de inmediato a responsables políticos y a la sociedad civil dónde se encuentra el cuello de botella en la implementación.

Este enfoque se aleja de una lógica binaria de aprobado/reprobado y avanza hacia una evaluación más matizada y longitudinal del progreso. Convierte una auditoría puntual en una hoja de ruta viva para la reforma, permitiendo un seguimiento automatizado y sistemático de cómo las recomendaciones se integran en el funcionamiento del Estado a lo largo del tiempo. Al transformar la evidencia forense de la auditoría en un llamado claro y visual a la acción, el Radar‑ACVBG garantiza que el camino hacia la igualdad de género no sea solo una promesa en papel, sino un proceso medible y transparente hacia la excelencia institucional.

De manera crucial, el Programa Pro PALOP‑TL utilizará esta herramienta para promover una interacción más profunda e integrada entre las EFS, los parlamentos y las organizaciones de la sociedad civil. La visión del programa es superar el enfoque tradicional y fragmentado de la supervisión. Al proporcionar a los poderes legislativos y a la sociedad civil una herramienta basada en evidencia utilizada por las EFS, se les empodera para unir esfuerzos con estas instituciones. Esta sinergia garantiza que los hallazgos de auditoría no sean solo observaciones técnicas, sino que se conviertan en una plataforma para la incidencia social coordinada, transformando una auditoría puntual en un instrumento vivo de rendición de cuentas continua. Evidentemente, este enfoque también puede aplicarse en la coordinación con donantes y socios de desarrollo.

Escalar el impacto: en busca de una rendición de cuentas sistémica 

Los esfuerzos coordinados de los países PALOP‑TL ofrecen un estudio de caso clave para la comunidad internacional sobre la evolución de la supervisión del sector público. La Auditoría Coordinada sobre la Violencia Basada en Género representa una nueva frontera en la rendición de cuentas, que traslada el debate desde la retórica de alto nivel hacia la realidad concreta de los presupuestos nacionales. Al tratar la igualdad de género como un componente central del desempeño fiscal y administrativo, se demuestra que las EFS son aliadas indispensables para el logro de los objetivos globales de desarrollo.

El optimismo generado durante el taller de Santo Tomé se basa en una transición desde la documentación de deficiencias institucionales hacia la provisión de una hoja de ruta para la reforma basada en datos. A través de la promoción sostenida del Programa Pro PALOP‑TL, esta iniciativa ha sido diseñada para ser compartida en diversos foros internacionales como un modelo replicable de gobernanza basada en evidencia. Un pilar central de esta estrategia es la promoción de una interacción estrecha e integrada entre las EFS, los parlamentos y la sociedad civil. Se avanza hacia un ecosistema regional en el que auditoras, auditores y ciudadanía unen fuerzas, garantizando que los hallazgos de auditoría no sean meros registros técnicos, sino catalizadores de una demanda social coordinada.

A medida que nos preparamos para difundir estos hallazgos consolidados a lo largo de 2026, nuestro enfoque se mantiene en asegurar que los mecanismos de rendición de cuentas de los gobiernos estén calibrados para detectar y corregir las fallas estructurales que permiten la persistencia de la violencia. Al integrar el rigor técnico del Radar‑ACVBG con un modelo colaborativo de monitoreo, los seis países participantes están estableciendo un nuevo estándar de transparencia. Este esfuerzo garantiza que la rendición de cuentas no sea un acto solitario, sino un compromiso institucional compartido para asegurar que cada promesa hecha a mujeres y niñas sea una promesa cumplida.